Hay algo que está ocurriendo en el juicio por la desaparición de Loan Peña que merece ser observado con mucha atención. Distintas defensas parecen converger ahora en una explicación muy concreta: Loan habría sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, posteriormente su cuerpo habría sido ocultado y, como consecuencia de ello, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel no tendrían responsabilidad en la desaparición. Que varias personas lleguen independientemente a una misma conclusión no demuestra, naturalmente, que exista un acuerdo entre ellas. Pero cuando esa coincidencia beneficia precisamente a determinados imputados y cuando comienza a circular la versión de que podría haber existido algún tipo de estrategia común entre algunas defensas para sostener la hipótesis del atropellamiento, la cuestión merece una explicación. No estoy afirmando que ese acuerdo haya existido porque, hasta donde conozco, no existe todavía una prueba pública que permita afirmarlo. Pero si alguna vez se demostrara que determinadas defensas decidieron coordinar conscientemente una versión de los hechos que sabían que no estaba respaldada por la evidencia, estaríamos ante algo extraordinariamente grave.
Todo acusado tiene derecho a defenderse y todo abogado tiene la obligación de utilizar legítimamente los elementos que puedan favorecer a su defendido. Eso forma parte de las garantías básicas de cualquier proceso penal. Incluso es perfectamente legítimo que varios abogados coincidan en una misma interpretación de las pruebas. Pero una cosa es defender una hipótesis posible y otra muy diferente sería intentar construir entre varias personas una explicación destinada fundamentalmente a liberar de responsabilidad a determinados imputados, especialmente cuando esa explicación presenta enormes dificultades probatorias. Porque después de más de dos años seguimos sin conocer una prueba objetiva que permita reconstruir un atropellamiento de Loan. No sabemos dónde habría ocurrido exactamente, no existe un cuerpo que permita establecer una causa de muerte, no existe una pericia que demuestre que las marcas de la Ranger fueron producidas por un impacto con Loan y tampoco existe una reconstrucción material completa que explique cómo se habría producido el accidente y qué ocurrió inmediatamente después. Incluso la Cámara Federal ya había advertido que las pruebas existentes no permitían llegar a la conclusión de que el atropellamiento efectivamente hubiera sucedido. Sin embargo, la hipótesis vuelve a aparecer ahora con una fuerza extraordinaria y, curiosamente, vuelve a dejar fuera de responsabilidad a Benítez, Millapi, Ramírez y Maciel.
La situación resulta todavía más llamativa porque la persona cuyo relato convirtió el supuesto atropellamiento en una de las grandes hipótesis del caso acaba de afirmar que aquella historia no era verdadera. Laudelina Peña declaró ahora que había mentido sobre el accidente. Y esto plantea una pregunta inevitable: si la principal persona que introdujo aquella versión sostiene actualmente que era falsa, ¿sobre qué pruebas independientes se continúa afirmando que Loan fue atropellado? Naturalmente puede ocurrir que Laudelina haya mentido antes, que mienta ahora o que algunas partes de sus distintas declaraciones sean verdaderas y otras falsas. Precisamente por eso sus palabras no deberían ser suficientes para resolver una causa de esta gravedad. Lo que necesitamos son pruebas externas que permitan saber qué ocurrió. Pero resulta difícil comprender que una hipótesis cuya principal narradora acaba de desconocer continúe siendo presentada prácticamente como una certeza por algunas defensas. Y resulta todavía más necesario preguntarse por qué esa misma explicación termina beneficiando exactamente a un determinado grupo de imputados.
Si efectivamente existiera un acuerdo entre defensas para sostener deliberadamente una historia que sus protagonistas saben que no ocurrió, pocas cosas podrían resultar más lamentables en una causa como esta. Porque entonces ya no estaríamos hablando simplemente del legítimo derecho de cada abogado a defender a su cliente. Estaríamos hablando de utilizar el proceso judicial para construir una verdad conveniente en lugar de intentar descubrir la verdad de lo sucedido. Y en el centro de todo esto hay algo que parece olvidarse con demasiada facilidad: desapareció un niño de cinco años. Loan no puede convertirse en una pieza dentro de una estrategia jurídica destinada a distribuir responsabilidades de la manera que resulte más conveniente para unos u otros. La función del juicio debería ser exactamente la contraria. Determinar qué ocurrió y dónde está Loan. Y todo indica que hay que descartar la hipótesis del atropellamiento. Y si existió algún tipo de coordinación destinada a instalar una versión falsa, deberá investigarse. Porque después de todo lo ocurrido, lo mínimo que merece Loan es que nadie vuelva a utilizar una historia sin pruebas para alejarnos una vez más de la verdad.
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